La Junta presenta la nueva Ley de Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León

Alfonso Lahuerta, director general de Deportes de la Junta de Castilla y León presentó el martes 10 de julio en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid el nuevo proyecto de Ley de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León con el que se pretende igualar al deporte federado, el popular y el escolar en términos legales. La propuesta fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 28 de junio y entrará en vigor este mismo año.

La misión de este proyecto consiste en que todos los ciudadanos puedan practicar un deporte y que este” transmita una serie de valores y ayude a mejorar la cohesión social”. Este punto está especialmente orientado al deporte escolar. Por su parte, la visión del proyecto pretende conseguir que la sociedad en general sea “más sana, más feliz y que tenga una mayor calidad de vida”, tal y como señaló Alfonso Lahuerta.

La nueva Ley pretende mejorar, ampliar y perfeccionar la actual, que data del año 2003. Con este proceso se persigue que todos los ciudadanos castellanoleoneses tengan acceso garantizado y de calidad tanto al deporte profesional como al ejercicio físico en las mismas condiciones. “El ejercicio físico debe ser la herramienta fundamental para promover la salud y el bienestar de nuestros ciudadanos”, comentó Lahuerta.  Para ello, un aspecto muy importante ha sido conseguir que el nuevo marco del deporte y el ejercicio físico estuviera definido en todas y cada una de sus tipologías y subcategorías.

Para conseguir este equilibrio, por primera vez las Administraciones Públicas de Castilla y León fomentarán el ejercicio físico. Esto se llevará a cabo mediante una regulación que asegure la calidad de estos servicios, de manera que se asegure que se están siguiendo los pasos necesarios para garantizar que este ejercicio sea beneficioso y saludable para la persona que lo realice. También los Centros Universitarios estarán obligados “a ofertar programas de ejercicio físico entre los alumnos”, aseguró el director general de Deportes.

Otro punto importante es el relativo a las infraestructuras deportivas, que intentarán asegurar el acceso al deporte de todas las personas, tanto personas con discapacidad como ancianos o inmigrantes. También se pretende incrementar la participación de la mujer en el ejercicio físico y el deporte en general. A su vez, uno de los rasgos más significativos de esta ley es que se incluye un paquete de medidas para fomentar la transparencia de los clubes y las organizaciones a la hora de aportar datos de sus propias entidades.

Para garantizar que el desarrollo del deporte popular pueda crecer se crearán licencias populares destinadas a certificar una mayor calidad y seguridad del deporte popular y el ejercicio físico. Estas licencias, sin embargo, no serán de carácter obligatorio, puesto que tal y como señaló Lahuerta “lo que se pretende con estas nuevas licencias es motivar a hacer deporte popular. Si tuvieran carácter obligatorio se conseguiría el efecto contrario, no incentivarían”.

Llegar a conseguir todas estas variables de la nueva Ley, tal y como apuntó Lahuerta, será posible gracias a una serie de principios por los que se regirá la misma. Entre ellos destacan algunos como la concienciación y sensibilización social contra la violencia, la xenofobia y cualquier acto de odio en el deporte; el cuidado del medio natural a la hora de realizar deportes al aire libre; facilitar la investigación científica para mejorar el rendimiento deportivo; regular en mayor medida el deporte escolar con formación mínima obligatoria para las personas que estén al frente de un grupo de niños; o la creación de competiciones compuestas en las que existan, al mismo tiempo, competiciones oficiales y no oficiales o populares.

Por último, Alfonso Lahuerta quiso responder alguna de las preguntas de los periodistas que se encontraban en la sala y, de este modo, aclarar las últimas dudas sobre la introducción de este proyecto de Ley. El director general puntualizó que la Ley entrará en vigor tres meses después de su aprobación en las Cortes Generales, prevista para el último trimestre del año, y que, si todo sigue el desarrollo esperado, se espera que en dos años estén en funcionamiento todos y cada uno de los puntos tratados en la presentación.