El deporte, ninguneado por la Junta de Castilla y León

Tras muchas reuniones y continuas excusas vacías, ayer parecía que iba a ser el día en el que por fin se aprobase por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León la aplicación en nuestro territorio del protocolo consensuado entre Consejo Superior de Deportes, Federaciones Nacionales y representantes de todas las comunidades autónomas, entre las que, por supuesto. se encontraba Castilla y León.

Aquel tortuoso y difícil acuerdo se alcanzó para evitar lo que hoy sigue sucediendo en Castilla y León, es decir, que las distintas normas autonómicas impidiesen la igualdad de condiciones para todos los equipos, indistintamente de su comunidad de origen. Aquí se nos vendió como un gran logro por parte de la Consejería y de la Dirección General de Deportes.

La redacción de la norma en Castilla y León, donde se permite entrenar con contacto a equipos con jugadores profesionales, DAN o DAR, se hizo de forma improvisada para salvar la temporada de 2ª División B de Fútbol y tratar de arreglar el desaguisado que la redacción de la ley había ocasionado en los deportes de equipo con el término “sin contacto físico”. Esta referencia normativa (equipos con jugadores profesionales, DAN o DAR) se incluyó, sin ningún criterio ni deportivo ni lógico, y ahora todo el deporte está pagando sus consecuencias. De hecho, a fecha de hoy, de todo el estado español, solo en Castilla y León los equipos inscritos en categoría nacional no pueden entrenar con normalidad, algo que tendrá una incidencia decisiva en el desarrollo de la competición puesto que los equipos de Castilla y León afrontarán esta temporada en clara desventaja. Nos consta que muchos clubes se sienten totalmente desamparados por su Administración autonómica, a la que identifican como clara responsable de echar por tierra trabajo, esfuerzo y presupuestos, nada despreciables, que conllevan la participación en competición estatal.

El incumplimiento de los compromisos asumidos por nuestra Administración autonómica ha obligado a la suspensión de varios encuentros de competición nacional que este fin de semana se tendrían que celebrar en nuestra Comunidad, desconociéndose las consecuencias disciplinarias que ello pueda llegar a tener y lo que esto se pueda llegar a prolongar en el tiempo.

El tratamiento que se está dando al deporte en Castilla y León en los sucesivos desarrollos normativos relacionados con el COVID-19 solo puede obedecer al total y absoluto desconocimiento por parte de la Dirección General y la Consejería de Cultura y Turismo, o a la total y absoluta desidia. Cualquiera de las dos opciones es muy lesiva para el Deporte de Castilla y León.

Somos conscientes del escaso valor que desde la Junta de Castilla y León se ha dado históricamente al deporte. Ni siquiera la Consejería de la que depende nuestra Dirección General lleva “el deporte” en su nombre (Consejería de Cultura y Turismo). Una Dirección General de Deportes que lleva tiempo a la deriva, sin ningún tipo de liderazgo ni influencia sobre su propia Consejería ni sobre las demás. Un ente que se limita a tramitar, por cierto tarde y mal, subvenciones y a envolver su relación con clubes, federaciones y deportistas en una maraña burocrática, sin apenas aportar ningún otro valor añadido al deporte de la comunidad. Esto, en un entorno normal es preocupante, pero en el escenario actual es dramático. 

Lo sucedido en estas últimas semanas es una falta de respeto hacia clubes y deportistas de tal magnitud que nos resulta difícil de entender. Nada en absoluto tiene que ver esta desidia y la falta de decisiones, en lo referente a la asimilación del protocolo del CSD para competiciones no profesionales de ámbito estatal con la situación epidemiológica. Es fruto de la dejadez y del desconocimiento de las consecuencias que esto conlleva.

Jamás hubiésemos pensado que, desde el ámbito federativo, fiel colaborador de la Administración autonómica en el desarrollo del deporte en nuestra Comunidad, se pudiera llegar a sentir esta sensación de abandono y ninguneo.

El Deporte de Castilla y León no se merece este trato por parte de su administración autonómica.