Tres partidos de sanción a Ávila

 El partido ante Teucro sigue dando coletazos cuatro días después de finalizar el juego sobre el parqué. La actuación de la pareja andaluza, formada por Sebastián Fernández y Alberto Murillo, también. La dupla arbitral optó por extender su controvertida actuación desde el campo hasta el papel, redactando un anexo al acta del partido que ha cumplido las peores expectativas para el Atlético Valladolid. 

Los almerienses dejaron tocados los nervios de los jugadores del Atlético y el momento de 'calentón' final llegó primero al acta y después al Comité Nacional de Competición, que ha fallado este miércoles en los siguientes términos: "Sancionar al jugador D. FERNANDO HERNÁNDEZ CASADO del equipo AT. VALLADOLID con APERCIBIMIENTO DE SUSPENSIÓN DE UN ENCUENTRO OFICIAL, conforme al artículo 34 apartado A del Reglamento de Régimen Disciplinario, por producirse ligera desconsideración de hecho contra miembros del equipo arbitral". En referencia al primer punto del anexo que explicaba cómo al final del partido Fernando se refirió a los árbitros para solicitarles que le extendieran la mano,(un gesto que no fue correspondido por Fernández y Murillo). 

El apartado más complejo de la resolución del Comité de Competición reside en la sanción a Ávila. La pareja andaluza reflejó en el anexo al acta que el veterano lanzó una amenaza que ha sido entendida por el organismo de la Federación Española como grave, sentenciando al jugador a tres partidos de sanción, como se puede leer en la resolución: "Sancionar al jugador D. JOSÉ ÁNGEL DELGADO ÁVILA del equipo AT. VALLADOLID con TRES PARTIDOS DE SUSPENSIÓN DE ENCUENTRO OFICIAL, conforme al artículo 34 apartado D en relación con el apartado A del mismo precepto, ambos del Reglamento de Régimen Disciplinario, por amenazar a miembros del equipo arbitral, teniendo en cuenta la gravedad de las expresiones vertidas".

El aval de la trayectoria de Ávila no ha sido suficiente para convencer al Comité de Competición para atenuar la rígida sanción. El club está trabajando en las medidas a adoptar; una apelación que podrá presentar en un plazo máximo de 10 días.