Cinco años más tarde el 'caso' sigue abierto

La Inspección de Trabajo abrió en aquel año expediente a varias AMPAs de colegios públicos y privados de la ciudad, por lo que entendía como situación irregular de los monitores de la competición escolar, y resolvió que debían pagar varios miles de euros en concepto de Seguridad Social de los monitores que realizaban extraescolares en el centro público de esa AMPA, ya que aseguraba que existía relación laboral con la AMPA.

Las Asociaciones de Padres y Madres entendían, sin embargo, que lo que hacía esta asociación era colaborar con el Ayuntamiento
de Valladolid en la oferta que hacía de Juegos Escolares, siguiendo los
dictados de una normativa que venía impuesta por el Ayuntamiento de
Valladolid como condicionante para que las alumnas y los alumnos
participaran en los Juegos Escolares.

Eso provocó una movilización de padres y escolares, el enfrentamiento entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid y la reducción en más de 1.000 alumnos en el número de participantes de los Juegos Escolares de la siguiente campaña.

Inicialmente la Junta se comprometió a dar solución a este asunto, incluso con declaraciones del Consejero de Educación en esa línea, lo sucedido después no coincide con las intenciones iniciales. Además, los requerimientos de la Inspección, lejos de atender a razones, acabaron en el juzgado de lo social, donde varias AMPA vieron que contra ellas estaba no sólo la Inspección de Trabajo, también el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León que abandonaban a su suerte a la asociación. Finalmente, el Ayuntamiento quedó fuera del litigio donde inicialmente se le condenó como responsable solidario junto con la Junta de Castilla y León.

Un proceso que se inició en 2007 y que todavía no ha terminado. De hecho, este jueves pasará por el Juzgado una de las primeras AMPAS, mientras que otra tiene cita para el próximo mes de abril y dos más para el 2013. Eso en lo que se refiere a la mayoría de los centros públicos que han ido de la mano en todo proceso, y a los que habría que unir al menos otras dos entidades privadas que también fueron sancionadas por la Inspección de Trabajo.